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Archive for the ‘Políticas Públicas’ Category

Hacia una pensión universal

febrero 11, 2014 Deja un comentario

Ricardo Pérez Pérez

El gobierno del presidente Peña propuso, en el marco de su propuesta hacendaria, (además de un seguro de desempleo) una pensión para personas con 65 años o más, que tengan un salario mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos (entre 8 y 9 mil pesos al mes, dependiendo de la zona económica), que no reciban actualmente una pensión contributiva; es decir, no tengan pensión por retiro derivada de sus contribuciones a algún esquema de seguridad social durante sus años laborados y que no se pensionen bajo un régimen de reparto del IMSS, ISSSTE o entidades paraestatales, a partir de que se apruebe esta propuesta.

Aunque el paquete económico para 2014 propuesto por el gobierno incluye aumentar el IVA en la zona fronteriza para que sea igual al del resto del país (pasar de 11 a 16%); eliminar el subsidio a las gasolinas, así como las excepciones a transportistas, construcción, renta de inmuebles, impuesto especial a bebidas con azúcar añadida, aumento de ISR a personas con ingresos superiores a 500 mil pesos al año (unos 40 mil pesos al mes), gravar venta de acciones y ganancias bursátiles, no queda claro que sea suficiente para que esta pensión se convierta en universal (y, además, alcance para financiar el seguro de desempleo).

Alejandro Villagómez escribió, en El México del 2013. Propuesta para una pensión universal, publicado por el CEEY: “los objetivos fundamentales de un sistema de pensiones enel marco de la seguridad social pública son los de permitir suavizar la senda deconsumo de un individuo a lo largo de su vida así como el de prevenir la pobreza entrela población en edad avanzada.”

¿Cómo llegamos a la situación actual?

A mediados del siglo pasado se crearon primero el IMSS y luego el ISSSTE, lo que marcó el surgimiento de un sistema dual en seguridad social: quienes tenían, a través del pago de cuotas obrero patronales, acceso a salud y a una pensión por invalidez y/o retiro; que “coexistecon un conjunto de servicios y beneficios fragmentados no contributivos que se ofrecen mediante diversos programas de asistencia social a la población en pobreza, de bajosingresos y en el sector no asalariado de la economía. Por otro lado, en el sectorlaboral asalariado, México ha contado históricamente con un sistema de pensionesaltamente fragmentado en diversos programas que muestran una alta heterogeneidaden elementos clave como aportaciones, requisitos para obtener la pensión o beneficiosobtenidos.” (Villagómez)

Diversas entidades públicas federales  ̶ continúa Villagómez ̶  cuentan con programas de pensiones y jubilacióncomo prestaciones contenidas en sus contratos colectivos. En general, se trata deprogramas complementarios y en su mayoría del tipo de reparto y beneficios definidos,aunque algunos han sufrido modificaciones en los últimos años. Como señala Pedro VásquezColmenares, la mayoría de estos programas nacieron al menos hace tres décadas sin obligaciones de revisión actuarial ni soporte financiero; pagan beneficios mayores a losdel IMSS e ISSSTE e incluso algunos no consideran aportaciones del trabajador y los beneficiosse otorgan por tiempo de servicio.

Según el citado Vázquez Colmenares, “hay más de 130 sistemas de pensiones en el país, incluidos los estados, municipios, universidades y sindicatos”, que en su mayoría se financian por el fisco, por el dinero de los contribuyentes, aunque más de la mitad de la población no tiene una pensión. (Revista AR, agosto de 2013)

De hecho, las pensiones en México se distribuyen como sigue (en porcentaje de la Población Económicamente Activa, a junio de 2009):

IMSS                                                          27.7
ISSSTE                                                        4.8
Pemex, Sedena,Semar, Institutos

de Seguridad social de los estados           2.8
Pensionados programas públicos            6.6
Programa 70 y más del GDF                     5.4
No cubierto                                                 53.2

 

Fuente: Alejandro Villagómez,  El México del 2013. Propuesta para una pensión universal, CEEY, 2013, con datos de INEGI.

Para Villagómez, el costo de las pensiones representa el 111.4% del PIB (consolidado en 2011); para Vázquez Colmenares, si a ello se agrega que la deuda del gobierno es de 37%, entre 2 y 3% de deuda de los estados, 5% de pasivos del IPAB, la deuda pública del país es más de 150% del PIB. La de Grecia era de 160%.

Propuesta

El CEEY propone una Pensión mínima universal no contributiva, que requiere una serie de reformas conjuntas: en primer lugar, terminar con el sistema dual (eliminar las cuotas obrero patronales); va acompañada con un acceso efectivo a la salud; se financia con impuestos generales (aplicar IVA a alimentos y medicinas, manteniendo una verdadera canasta básica, eliminar regímenes especiales y excepciones, modificar el ISR para hacerlo progresivo); hacer rendir cuentas y transparentar el gasto de los gobiernos estatales (hacer una reforma federalista), así como poner candados para que el destino de estos recursos fiscales sea para financiar este sistema de protección social.

La nueva Pensión mínima universal no contributiva puede establecerse mediante cuentas individuales, a través de una clave única de identificación, con una absoluta transparencia y manejo con la mejor rentabilidad, supervisado por Consar; la edad requerida debe ser estableciada con base en una esperanza de vida estimada por alguna entidad reconocida, como la Conapo; el monto debe considerar el combate a la pobreza; finalmente, se debe evitar la duplicidad de pagos con cualquiera de los programas no contributivos ya existentes.

El autor (@ricardoperezp) es Coordinador de Comunicación Social del CEEY

Twitter: @ceeymx
Facebook: ceeymx
www.ceey.org.mx

Publicado en El Financiero, 17 de septiembre de 2013

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La Reforma Energética y el México Sostenible

febrero 10, 2014 Deja un comentario

Mariana Becerra Pérez

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, acordó que para el 2050 será necesario reducir al 50% las emisiones de dióxido de carbono (CO2), para lograr impedir a largo plazo el aumento de las temperaturas medias mundiales (el dióxido de carbono y el metano conforman el 95.6% de los Gases Efecto Invernadero) . El IPCC señaló que para lograr lo anterior, se requiere del desarrollo de tecnologías bajas en carbono, como lo son la energía eólica, la energía solar, la energía nuclear, así como la eficiencia energética, entre otras.

Según datos del  World Resources Institute, México ocupa el lugar número 12 en el mundo en emisiones de Gases Efecto Invernadero, lo que equivale a 1.58% del total de emisiones a nivel global. En México se emiten 467.3 toneladas métricas de CO2, lo que equivale a 4.4 toneladas métricas por persona. Los países que encabezan esta lista son China y Estados Unidos con 6,700 y 5,800 toneladas métricas de CO2 respectivamente.

En nuestro país, sabemos, con base en el Inventario Nacional de Emisiones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que la principal fuente de CO2 es el auto transporte que contribuye con el 21% y la extracción, refinación y producción de petróleo y gas con el 16.57% de las emisiones de CO2 y Metano.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, el 16% de la energía que se produce en México proviene de las hidroeléctricas y solo el 3.4% de fuentes solares, eólicas y geotérmicas. Es decir, 80% de la energía que se consume en nuestro país es de origen fósil.

Dicho lo anterior, en las últimas semanas hemos escuchado al secretario del medio ambiente Juan José Guerra Abud, declarar que la Reforma Energética es una reforma verde y que se encuentra alineada con la Ley General de Cambio Climático así como con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ha señalado que la Reforma va a promover la generación de energías renovables, combustibles limpios y reducirá la emisión de Gases Efecto Invernadero. De igual manera, ha declarado que la participación de las energías renovables en México es muy baja en comparación con otros países, pero que nuestro país tiene condiciones únicas en el mundo para producirlas.

Algunas de las críticas que se le han hecho a esta reforma, es que la reforma gira principalmente en torno a Pemex y no se concentra en las energías renovables. Organizaciones no Gubernamentales como Greenpeace y el Centro de Derecho Ambiental, aseguran que la reforma tendrá un impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre todo lo que se refiere a la extracción del gas shale o gas de lutitas, que es muy intensivo en el uso de agua para su extracción.

 

Estas organizaciones señalan que la reforma refleja el continuo deseo de seguir explotando hidrocarburos, cuando lo que se debería de hacer es reducir el uso de combustibles fósiles e incentivar por medio de estímulos fiscales el uso de energías renovables. Además, señalan que las energías renovables en México son de difícil almacenamiento y se encuentran en áreas muy remotas para lo cual se requiere incentivar en gran medida a los inversionistas.

 

Son varios los obstáculos a los cuales se está enfrentando la Reforma Energética presentada por el presidente Peña Nieto, los cuales se han concentrado principalmente en los cambios constitucionales que se pretende hacer a los artículos 25 y 27 que tienen que ver con la participación de la iniciativa privada en diversas áreas de Pemex.

 

El tema ambiental se suma a la lista de lo que tendrá el gobierno que trabajar en los próximos meses, para que esta reforma se pueda concretar y llevar a México a un mayor crecimiento económico que genere mayores empleos, competitividad y prosperidad de una manera sostenible. Y que además, cumpla con la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética, que establece que para el año 2050 el límite de generación mediante fuentes fósiles tiene que ser de 50%.

 

Una nota positiva a este respecto, es lo que la Secretaría de Energía en colaboración con el Gobierno Británico y el INECC, están trabajando para adaptar la metodología de la “calculadora 2050”, creada originalmente en el Reino Unido, cuyo objetivo es el conocer la capacidad de generación y demanda de energías bajas en carbono. La intención de este instrumento es transformar la economía y garantizar el suministro seguro de energía baja en carbono mediante la participación activa de la sociedad.

 

La autora (@MarianaBecerraP) es investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY. Tiene estudios de Licenciatura en Ciencia Política y Maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Twitter: @ceeymx

Facebook: ceeymx

www.ceey.org.mx

Publicado en El Financiero, 06 de septiembre de 2013